Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Aborto Autogestivo

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Aborto Autogestivo

Por Ana Elena Contreras

“Si una mujer no tiene derecho a su cuerpo, entonces ¿a qué tiene derecho?

Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, entonces ¿de qué son dueñas?”

Graciela Hierro.

En casi todos los estados de la república mexicana prevalecen legislaciones restrictivas en relación al aborto, caso contrario de lo que ocurre en la Ciudad de México, donde desde hace doce años se despenalizó la interrupción del embarazo a raíz de la recomendación del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés): “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm.24 del Comité”, razón por la cual, miles de mujeres del país deben de trasladarse a la Ciudad de México para acceder a la Interrupción Legal de Embarazo (ILE), en donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.

Según el portal de la Secretaría de Salud de la CDMX, de abril del 2017 a mayo del 2018 se han realizado 196 mil 178 abortos en total, de los cuales 137 mil 903 abortos realizados fueron practicados a usuarias de la Ciudad de México, y el resto, que suma un total de 58 mil 275, se practicaron a usuarias de otros estados de la república. Dichas cifras dejan en claro la demanda de las mujeres, la vulneración a sus derechos humanos sexuales y  reproductivos, así como el incumplimiento del Estado de seguir la recomendación de la CEDAW debido a una negativa puritana, moralina y sumamente machista que vulnera los derechos de las mujeres y que pone en riesgo sus vidas.

Estigma y violación de los Derechos Humanos de las mujeres

El aborto es un evento reproductivo de las mujeres, sucede todos los días, ha sucedido desde tiempos inmemorables y continuará sucediendo. Aunque la sociedad conservadora, patriarcal y de doble moral siga intentando ocultar este hecho, y sobretodo culpando y estigmatizando a las mujeres por un acontecimiento que es su derecho, el movimiento feminista continuará trabajando por el reconocimiento pleno del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

¿Las leyes son patriarcales? Las feministas señalan la manera en que la legislación está diseñada para perseguir y sancionar a las mujeres, nunca a los hombres, tal vez porque los señores legisladores piensan que cada uno de esos embarazos fueron concebidos con intervención divina y no por la intervención de otro hombre.

Sin importar las razones, ni los motivos, la iglesia y los grupos pro-vida no tienen descanso en sus campañas satanizadoras y de manipulación, algo que se traduce en un peligro para la vida de miles de mujeres en nuestro país. Puesto que esta negativa a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, representa un serio problema de salud pública y vulnera a las mujeres más precarizadas del país, incluso, logra poner en riesgo la vida, es decir, un claro ejemplo de violencia feminicida. Un caso emblemático de esta violencia machista es el de Reina Panzo, originaria de Zongolica, Veracruz, quien tuvo un aborto espontáneo y fue detenida por las autoridades tras ser acusada por el delito de “homicidio doloso”, sentenciada a 35 años de cárcel, en un proceso lleno de irregularidades e inconsistencias. Tras estar encarcelada 11 años y cinco meses fue liberada por falta de pruebas.

La negación de un derecho, un peligro de muerte permanente

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en el informe “El acceso a la justicia y al aborto legal: exigencias del Comité CEDAW a México 2015″, expone que la tasa de mortandad nacional se mantuvo del 2012 al 2014 con un número de 3.5 muertes por abortos inseguros, siendo el año 2011 el que más muertes tuvo, con un total de 140 muertes por abortos inseguros a nivel nacional.

Es posible cambiar el panorama de los abortos clandestino y prevenir casi todos los casos de muerte a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces y la práctica de un aborto legal, seguro y gratuito. Derechos que debe garantizar el Estado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres con embarazos no deseados (incluidas las adolescentes) ven obstaculizado el acceso al aborto seguro debido a la legislación restrictiva, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatización, objeción de conciencia de personal sanitario y suministros de información engañosa, por mencionar algunos ejemplos.

El derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.

Amnistía Internacional lanzó una campaña en el 2018 con el hashtag #MiCuerpoMisDerechos, la cual ha permanecido como exigencia en las voces de las mujeres y feministas para defender su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Ya que se hace evidente que el Estado cuestiona el derecho de las mujeres a expresar su sexualidad y a tomar decisiones sobre sus cuerpos.

Las mujeres y feministas ante la sistemática vulneración a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, decidieron que si el Estado niega los derechos que les corresponden, ellas se apropiarían de los mismos. Es así como surgen grupos de Aborto Autogestivo, por ejemplo, Misovarias AAA (Acompañamiento al Aborto Autogestivo), quienes desde hace más de dos años han realizado cientos de acompañamientos a quienes lo necesitan a nivel nacional. Aquí algunas de sus integrantes, quienes nos comparten sus experiencias, conocimientos, complicidades y el posicionamiento político ante esta problemática:

Alma Osiris, una de sus fundadoras, indica que “el acompañamiento cercano, presencial y sensible, es un universo que brinda la posibilidad de generar nuevas rutas de acción desde quienes  acompañan el aborto. Personalmente, no es mi prioridad pedir permiso al Estado para abortar. Los derechos también se ejercen desde la ilegalidad. Y en esta realidad estamos muchas personas abortando. La ilegalidad vislumbra muchas realidades desde donde se pueden construir actos sororales.”  

Lilia Oliva considera que una de las problemáticas que continúan persistiendo y que son de las principales razones de la existencia de éste tipo de redes es “la satanización del aborto y el juicio a las mujeres que se atreven a realizarlo. Grupos como MisOvarias deben permanecer hasta que se logre que el aborto no sea visto como un problema, hasta que toda mujer sepa cómo llevarlo a cabo de manera segura, hasta que la mirada sea una y la mujer en verdad sea dueña de su cuerpo”

Para Mariana Roa hablar de la satisfacción de este trabajo sororo y gratuito es fundamental, la red le ha ayudado a darse cuenta que acompañar abortos es algo que toma relativamente poco esfuerzo, pero puede crear una gran diferencia. ”Es un trabajo constante que es parte de mi vida, es sustentable, y tiene efectos muy tangibles. He aprendido mucho sobre el cuerpo, las emociones, y el sistema legal en relación a nuestra sexualidad y reproducción.”

Ante esta problemática, señaló que Misovarias AAA no son las únicas abortistas insumisas y subversivas, las redes sociales están inundadas de mujeres en resistencia, que se están apropiando del derecho a decidir sobre sus cuerpos. Retomo las palabras de Alma Osiris: “los derechos también se ejercen desde la ilegalidad”, y agregó que las feministas no dejaremos de abortar ni dejaremos de acompañar a otras mujeres a abortar, sin importar distancias ni circunstancias,nosotras seguiremos abortando en libertad.

¡#Prepárate para el #28s Tenemos pañuelos en apoyo a los #derechos#sexuales y reproductivos de las #mujeres! Informes por inbox en nuestra página de facebook @lasdelaquelarre.feministas. Pregunta por nuestra oferta.

Ana Elena Contreras, es abogada, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Es miembra de la Colectiva Las del Aquelarre Feminista. Fue analista de Políticas públicas para Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Analista Jurídica para la misma Secretaría en el proyecto de Estudio del enfoque de DDHH del trabajo de la XVI legislatura de la ALDF, y Coordinadora de Espacios de Participación, donde facilitó tres espacios: el de Derechos de las Mujeres, Derechos de las Personas Víctimas de Trata y formas de explotación, y el de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. IMPORTANTE: todas las opiniones (incendiarias) aquí vertidas, son a título personal, no representa en absoluto una postura institucional, ni está relacionada con su vida laboral.

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