OCNF denuncia ante la ONU obstaculización de la participación de ONG’s en México: OCNF

OCNF denuncia ante la ONU obstaculización de la participación de ONG’s en México

En el marco de la revisión a México por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para  supervisar la “Situación de los Derechos Humanos y la Implementación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” que se realiza el día de hoy a nuestro país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncia la obstaculización y falta de garantía para que las organizaciones de la sociedad civil participen en la creación, seguimiento y fortalecimiento de las acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos humanos en México, particularmente los derechos de las mujeres.

El OCNF es una red conformada por defensoras de derechos humanos y 43 organizaciones no gubernamentales, ubicadas en 23 estados del país, que desde hace 12 años realiza su labor para contribuir a la erradicación de la violencia feminicida en México, sin embargo, esta labor ha sido recientemente obstaculizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), organismo que argumenta que nuestra participación deriva en un “conflicto de intereses”, violentando nuestra labor como defensoras de los derechos humanos, la cual es reconocida y estipulada en la Declaración de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, aprobada en 1998 por la Asamblea General de la ONU.

Cabe señalar que como defensoras de los derechos de las mujeres, hemos abonado a la visibilización de la violencia feminicida en México, a través de la realización de diagnósticos que permitan identificar los contextos que impactan negativamente la vida de las mujeres, niñas y adolescentes; impulsamos la creación y publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); del tipo penal de feminicidio y la materialización de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) como el mecanismo establecido en el artículo 22 de LGAMVLV como: “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Si bien esta no es la única acción que las autoridades mexicanas deben impulsar y realizar para garantizar los derechos de las mujeres, las AVG se ha convertido en la herramienta a través de la cual se han materializado acciones que beneficien a las mujeres en México.

Sin embargo, a pesar de que esta es solo una medida subsidiaria, las autoridades mexicanas han obstaculizado su pronta implementación, hasta el punto de que en muchos casos, las AVG han sido declaradas luego de juicios de amparo, como es el caso del Estado de México, Chiapas y Nuevo León. Recientemente, lo mismo sucedió en la Ciudad de México, en donde el 7 de septiembre de 2017, organizaciones de la sociedad civil solicitamos la Declaratoria de AVG, ante la prevalencia, incremento y agudización de la violencia feminicida, manifestada a través de la violencia sexual, desaparición y feminicidio, delitos muy probablemente vinculados a la trata de personas.

Pese a dicho contexto, la Declaratoria no fue realizada, por lo que -una vez más- las organizaciones tuvimos que recurrir al amparo de la Justicia Federal, el cual fue otorgado el 13 de septiembre de 2019 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Contrario a una actuar progresista y garantista de los derechos de las mujeres, la propia CONAVIM, institución encargada de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México, interpuso un recurso de revisión que alarga la indefensión en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país.

Como práctica recurrente, vemos que la participación de las organizaciones peticionarias de las AVG en México, se ve reducida y obstaculizada. Ello lo hemos vivido como OCNF, en el estado de Veracruz, Jalisco y en la Ciudad de México. 

Cabe recordar que como defensoras de los derechos de las mujeres y como organizaciones de la sociedad civil, tenemos  interés jurídico y legítimo para solicitar que dicho mecanismo sea activado, como se establece en la LGAMVLV. Así como lo reiteró el Poder Judicial de la Federación, luego del amparo interpuesto por las organizaciones de la sociedad civil por la tardía Declaratoria para el Estado de México.  

En dicha resolución se estableció que las organizaciones peticionarias: “cuentan con un derecho legítimamente tutelado dado que el artículo 25, fracción III de la Ley General de Acceso de las MUjeres a una Vida Libre de Violencia, otorga a los organismos facultades para solicitar la declaratoria de Alerta”.

Vemos también con preocupación que se excluye a las organizaciones de conocer las recomendaciones que emiten los Grupos de Trabajo de las AVG, así como,  la manera en que el estado las aceptará, marginando con ello a las organizaciones peticionarias, aún cuando las autoridades judiciales han reconocido su interés jurídico y legítimo para participar en estos mecanismos.

A pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) de la ONU  en julio de 2018, recomendó al Estado Mexicano que “evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”, actualmente lo que vemos es todo lo contrario, lo que podría derivar en un retroceso para los derechos de las mujeres.

Es por ello que durante la revisión que se realiza a México en Ginebra, Suiza en su sesión del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019, hacemos un llamado al Comité de Derechos Humanos de la ONU para que en sus observaciones finales, se pronuncie en relación a la participación de las defensoras de los derechos humanos en las acciones que el Gobierno de México emprenda para garantizar la vida e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

Ante la innegable  realidad que acaba con la vida de 10 mujeres mexicanas al día, pedimos que las 18 personas expertas que integran el Comité, pidan a México, la integración cabal de las defensoras de los derechos humanos y organizaciones, además de la no violentación de sus derechos civiles y políticos, tal como México ha ratificado el PIDCP.

En el marco de esta revisión que el Comité de Derechos Humanos de la ONU realiza a México y a otros países como Bélgica, Cabo Verde, República Centroafricana, República Checa y Senegal, las organizaciones no gubernamentales que acompañamos a familiares de víctimas y sobrevivientes de esta violencia, manifestamos al Comité de Derechos Humanos de la ONU que nos preocupa la prevalencia de la violencia feminicida, que se acrecienta y se agudiza.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019, se han presentado 638 feminicidios en México, y a seis meses del inicio de la nueva de la CONAVIM, no existe un plan de trabajo público que dé a conocer a la sociedad las acciones y estrategias gubernamentales para combatir la violencia feminicida en nuestro país. Ante ello, exhortamos al Comité y a la comunidad internacional, a que en el ámbito de sus competencias:

-Observen la política pública del Gobierno de México en materia de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres.

-Haga un llamado al Estado Mexicano para que las defensoras de los derechos de las mujeres no sean estigmatizadas ni violentadas.

-Se unan al llamado para que el Gobierno Federal garantice una #CONAVIMqueSirva.

-Recomiende al Estado Mexicano que -además de que las acciones que se impulsen para salvaguardar la vida de las mujeres sean prontas, eficaces, medibles y preventivas- estas acciones se transparenten para que la sociedad las conozca, ocupe y monitoree.

-Se construyan acciones y políticas públicas que vayan más allá de las Alertas de Violencia de Género con el objetivo de combatir las problemáticas estructurales que afectan a las mujeres.

-El Gobierno Federal, garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes y familiares de víctimas en la construcción de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.

-El acceso a la justicia sea garantizado y de esta forma sea enviado un mensaje de cero tolerancia, que frene todo tipo de violencia contra las mujeres.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estaremos enviando mayor información al Comité de Derechos Humanos de la ONU y dando seguimiento a la implementación que el Gobierno Federal realice a las Observaciones Finales que le realizarán el próximo 7 de noviembre.

Atentamente, 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 

Con información del https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/

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